Vender o alquilar una casa obligará a pagar por un certificado energético

El Gobierno dará un nuevo golpe al bolsillo. Los contratos de compraventa o de arrendamientos celebrados a partir del próximo 1 de junio deberán contemplar una novedad: la certificación energética, es decir, una etiqueta que clasifica las viviendas según su consumo desde la A (menor consumo) a la G (categoría más baja y que aglutinará a los edificios de mayor consumo).

 

Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará hoy un Real Decreto sobre este asunto, tal como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la nación, pero el sector aún espera que se retrase alguna semana más.

El precio de este certificado no está marcado sino que se regirá por el mercado. Cada técnico tendrá que valorar el trabajo en función del tipo de inmueble y del desplazamiento que le suponga.

El precio puede variar

En Europa el precio varía desde Alemania, donde se pagan 550 euros por certificar un piso de 100 metros cuadrados, o Italia, donde para este mismo tipo de vivienda el precio del certificado es de 250 euros.

Esta normativa igualará a España con el resto de países de la Unión Europea, aunque está pendiente de aprobación desde el pasado enero y en un año ya se han redactado tres borradores diferentes, lo que ha generado una gran incertidumbre en el sector y el riesgo de un expediente sancionador de Bruselas.

Hace tres semanas, el Ministerio de Industria presentó un nuevo texto en el Consejo de Estado que incluye algunas modificaciones importantes, como la definición de los técnicos habilitados para suscribir uno de estos certificados (arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos). Otros cambios relevantes pasan por diferenciar entre tres tipos de certificados de eficiencia energética según el estado del inmueble y el técnico que los suscribe. Además, esta etiqueta debe incluir recomendaciones de mejora. También se mantiene la obligación de que se incluya en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio.

Certicalia, la plataforma de certificación, considera que los cambios son positivos porque se marca una fecha concreta (1 de junio de 2013) ” un plazo realista y abarcable para las administraciones”.

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