Las diputaciones gastan en sueldos hasta el 40% de su presupuesto total

Dentro de la compleja organización territorial de España, uno de los elementos más complejos y difíciles de comprender es el de las diputaciones provinciales. Estos órganos, creados hace casi doscientos años, tuvieron sentido en su momento, pero ahora, convertidas en nidos de escándalos, muy pocos son capaces de justificar su existencia. En total hay 41 diputaciones provinciales en España -más tres diputaciones forales, siete cabildos y cuatro consejos insulares-, que en 2011 manejaron un presupuesto global de 5.963 millones de euros. Entre el 32 y el 40% de esa cantidad fue destinado a pagos de personal, según datos de Funciva, lo que representa un importante lastre para la Hacienda Pública.

 

Un ejemplo claro de los desmanes de este nivel administrativo lo encontramos en la Diputación de Barcelona. Ajena a la crisis que vive el conjunto del Estado, apenas ha tomado medidas de austeridad durante los últimos cursos. El organismo manejó un presupuesto de 588,7 millones de euros en 2012, de los cuales destinó 212,85 al pago del personal, lo que equivale al 36,2%. Su presidente, Salvador Esteve (CiU) gana 128.521 euros al año, uno de los sueldos públicos más elevados, y en total, está integrada por 51 diputados, 46 asesores elegidos a dedo -cuyo coste es de 2,5 millones- y más de 4.000 funcionarios.

El exceso de personal no es el único defecto de estos organismos, que pecan de falta de transparencia y de solaparse con el resto de Administraciones. La opacidad de las diputaciones se ve a la hora de estudiar sus presupuestos, donde la transparencia es muy desigual, llegando en algunos casos incluso a no tener publicadas sus cuentas. La financiación tampoco está clara, aunque se sabe que la mitad la aporta el Estado, un 5% las comunidades autónomas, y el resto sale de parte de los impuestos.

Solapamiento de actividades

El solapamiento entre las distintas Administraciones es más que evidente, especialmente por el avance imparable de las atribuciones de las comunidades autónomas desde su creación. El auge de las ciudades también ha provocado que ayuntamientos y diputaciones abarquen las mismas funciones en muchos casos. La consecuencia de esta redundancia de ámbitos de actuación es que se ha añadido complejidad, confusión e ineficiencia, convirtiéndose en el nivel administrativo más alejado de la ciudadanía, que ni entiende a la organización ni su utilidad, a pesar de la publicidad de cada actuación que llevan a cabo; ni al sistema de elección del presidente, por sufragio indirecto. Ante estas evidencias, ¿por qué se esfuerzan tanto los grandes partidos en mantenerlas?

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